América Latina y el Caribe enfrenta una compleja coyuntura económica, que se ha
agudizado debido a choques externos que repercuten en el crecimiento y el manejo
de la política macroeconómica. La trayectoria creciente de la inflación refleja el alza de
los precios del petróleo y de los alimentos, así como los efectos de las persistentes
interrupciones de cadenas de suministro global. Frente a este contexto, los principales
bancos centrales de los países desarrollados, así como los de la región, están llevando
adelante un manejo más restrictivo de la política monetaria, mediante aumentos de las
tasas de interés que tienen implicaciones sobre la actividad económica, la volatilidad de
los mercados financieros y los flujos de capital hacia economías emergentes. En su más
reciente proyección, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
estima un crecimiento promedio regional del 1,8% para 2022.
El actual contexto de bajo crecimiento económico y mayor inflación, sumado a las
crecientes demandas por atender las necesidades de bienestar, inversión y sostenibilidad
ambiental, imponen considerables desafíos al manejo de la política fiscal en la región.
Por un lado, la desaceleración del crecimiento afectaría negativamente la recaudación
tributaria. Por otro, la inflación está presionando las finanzas públicas en el sentido
de financiar subsidios y desgravaciones para la compra de productos de la canasta
básica y combustibles que limiten la erosión del poder adquisitivo de los hogares, lo
que se suma a las crecientes demandas por gasto social e inversión. A su vez, el alza
de las tasas de interés y el bajo crecimiento económico podrían generar demandas
adicionales de apoyo a sectores productivos que no se han recuperado de los impactos
de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Adicionalmente, riesgos
financieros como posibles rebajas de las calificaciones crediticias y depreciaciones
de las monedas locales implican mayores costos de financiamiento y servicio de la
deuda soberana.